• Respecto a la sustitución de patrono, el accionante alegó en el libelo de la demanda que comenzó a prestar servicios el 10 de junio de 1987, para la sociedad mercantil Estudios y Proyectos Civiles (E.P.C.C.A.), con el cargo de perforador o excavador de perforadora, bajo las instrucciones del ciudadano Juan Pablo Battistoni Malvezzi; y, que a partir de 2004 la empresa comenzó a girar bajo la razón social de Estudios Para Construcciones, S.A., para la cual continuó realizando la misma labor y bajo la subordinación del ciudadano Juan Pablo Battistoni.

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  • Introducción. La actual interpretación de algunos tópicos del derecho arrendaticio, en razón a que en su ámbito el beneficio en caso de duda se impone la necesidad de escoger como solución aquella que en su concreción favorezca al inquilino, requiere y merece una nueva visión; ello dadas las circunstancias de profundas modificaciones constitucionales y legales, en el derecho venezolano,que han afectado a este especial derecho.

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  • “De las disposiciones legales previamente transcritas, se evidencia que los jueces, sin excepción, dentro del desempeño de las funciones inherentes a su cargo, deben tener por objetivo principal de sus actos la verdad, la cual inquirirán por todos los medios que se encuentren a su alcance, debiendo como rectores, participar de manera activa en el proceso, impulsándolo y dirigiéndolo de manera adecuada, desde su inicio hasta su conclusión, atendiendo en todo momento a la naturaleza especial de los derechos tutelados.

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  • El error de interpretación se configura cuando el juez aun reconociendo la existencia y validez de la norma que ha seleccionado, yerra en la determinación de su verdadero alcance general y abstracto, haciéndose derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido.

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  • Así, la acumulación de varios procesos será viable cuando exista entre ellos una relación de accesoriedad, conexión o continencia, siempre que no esté presente alguno de los supuestos contenidos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativos a la prohibición de acumulación de autos o procesos.

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