• “De las disposiciones legales previamente transcritas, se evidencia que los jueces, sin excepción, dentro del desempeño de las funciones inherentes a su cargo, deben tener por objetivo principal de sus actos la verdad, la cual inquirirán por todos los medios que se encuentren a su alcance, debiendo como rectores, participar de manera activa en el proceso, impulsándolo y dirigiéndolo de manera adecuada, desde su inicio hasta su conclusión, atendiendo en todo momento a la naturaleza especial de los derechos tutelados.

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  • El error de interpretación se configura cuando el juez aun reconociendo la existencia y validez de la norma que ha seleccionado, yerra en la determinación de su verdadero alcance general y abstracto, haciéndose derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido.

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  • Así, la acumulación de varios procesos será viable cuando exista entre ellos una relación de accesoriedad, conexión o continencia, siempre que no esté presente alguno de los supuestos contenidos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativos a la prohibición de acumulación de autos o procesos.

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  • El código de comercio establece que el cheque debe presentarse para su cobro y levantarse el protesto antes de introducirse la demanda, todo esto para que quede comprobante autentico que dicho cheque no tiene fondos, y por mandato del mismo código son aplicables al cheque todas las disposiciones de la letra de cambio. Las relativas al vencimiento y al pago, protesto y las relacionadas con las acciones contra el librador y los endosantes. La sentencia estableció lo siguiente:

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  • A través de las sentencias N° 847 del 08 de octubre de 2013 (caso: Fidelina Beleño de Hernández contra Servicios de Personal La Arenisca, C.A.) y N° 863del 10 de octubre de 2013 (caso: Robert José Porto Álvarez contra Metal Arte, C.A.), la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, modificó el criterio que venía estableciendo, entre otras en la sentencia N° 713 del 29 de junio de 2011 (caso: Freddy Giraldo Moreno), relativo a la carga de la prueba del incumplimiento de las normas de seguridad en las causas relativas a infortunios en el trabajo.

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