• “Conforme a la doctrina jurisprudencial que antecede, la reposición de la causa contemplada en los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debe ser decretada de forma excepcional, solamente cuando los jueces verifiquen la ocurrencia de una lesión al derecho a la defensa y al debido proceso, o bien que se haya violentado el orden público, teniendo como condición que tales quebrantamientos no tengan otra forma de subsanarse, por tanto, esta debe atender a una finalidad útil, pues de no ser así se estaría incurriendo en la violación de los mismos derechos que se pretenden tutelar.

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  • “Cursa a los folios 12 al 17 del expediente la Providencia Administrativa Nº 556-2014 de fecha 27 de junio de 2014 mediante la cual la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua, con sede en Acarigua, declaró sin lugar las excepciones opuestas por la recurrente durante la celebración del acto conciliatorio convocado por el mencionado órgano en el procedimiento iniciado con ocasión del Proyecto de Convención Colectiva presentado para su discusión por la organización sindical Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de ASOPRUAT (USBTRASOPRUAT). Del texto de dicho acto administrativo se aprecia que la mencionada Inspectoría, informó a las partes su derecho a “apelar” de esa decisión ante el “Ministro del Trabajo” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 439 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. (…)

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  • “Con relación a la transacción en materia laboral, ha establecido esta Sala de manera reiterada, que la misma presenta una connotación propia, revestida de ciertas particularidades que la diferencian del Derecho Civil, atendiendo a la naturaleza especial del interés tutelado, las normas de derecho del trabajo, a objeto de asegurar su cumplimiento efectivo, que disponen de una serie de principios y garantías, entre los que resalta el de la irrenunciabilidad de los derechos, previsto tanto en la Ley Orgánica del Trabajo –artículo 3- como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –artículo 89, numeral 2º-, que tienen por objeto favorecer al débil jurídico de la relación -el trabajador- (Ver sentencia N°879, del 1 de agosto de 2012, caso: Fredy Alberto Almazan Oropeza contra Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. COPOSA).

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  • Ahora bien, atendiendo a la insoslayable necesidad de continuar transformando y adaptando el orden jurídico al texto constitucional y a los valores que le dieron nacimiento y que lo impulsan, en especial, a la evidente asimilación y profundización del esquema axiológico que irradia el Texto Fundamental, determinada por los avances gnoseológicos, materiales y humanistas de la sociedad, esta Sala, comprometida en la búsqueda permanente de los grados más elevados de igualdad, justicia, paz social y bienestar del Pueblo, pasa a replantear el asunto en los siguientes términos:

    Por lo que en lo sucesivo éstas podrán ser apeladas de conformidad con lo establecido en los artículos 288 y 290 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, se señaló que

     

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  • Mediante sentencia N° 649 del 01 de junio de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la corrección del fallo esta Sala Constitucional invoca la sentencia N° 1620/14,en la que dejo sentado el deber del juez de corregir errores materiales, incluso una vez transcurrido el lapso para la aclaratoria. A tal efecto, indicó la Sala:

    “En este sentido, considera la Sala preciso recordar lo expresado al respecto por la doctrina y jurisprudencia nacionales, de que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia, tiene como propósito la de rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia, de que la facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones, que le resten claridad a sus declaraciones.

     

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